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Artículo sobre la ley de segunda oportunidad.

LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS

El Gobierno nos acaba nuevamente de sorprender con el Real Decreto ley 1/2015 que por enésima vez introduce sustanciales cambios en la ley concursal, cambios que como es obvio introducen desconcierto, aunque en este caso concreto se lleva a cabo una regulación novedosa y muy interesante que afecta a los deudores que se encuentren en situación de insolvencia sin ostentar la condición de profesionales, empresarios o autónomos. Nos referimos por tanto en este artículo a la persona física que se encuentra ante una importante carga deudora que si sigue el procedimiento marcado por la nueva regulación va a poder quedar finalmente exonerado de futuras responsabilidades económicas.

La forma de entender ese nuevo enfoque que nos ofrece el referido Real Decreto Ley es un ejemplo práctico de una situación que podría ser perfectamente real.

Nuestro personaje, de 56 años de edad, que se halla prejubilado con una pensión de 2.500 €. Debido a una serie de operaciones fallidas adeuda a diversas entidades financieras la suma de 250.000 €. Adeuda, además a la comunidad de propietarios 20.000 € y a un antiguo socio suyo 50.000 €. La vivienda que ocupa es de su propiedad. La adquirió por 400.000 € mediante un préstamo con garantía hipotecaria por 350.000 €. Del préstamo queda pendiente en la actualidad un capital de 300.000 €. El valor razonable de la vivienda en la actualidad según tasación oficial es de 225.000 €. Adeuda 3 cuotas por importe en conjunto, incluidos intereses de demora, 4.500 €.

Ante esta situación de insolvencia que le abruma a él y a su familia, a tenor de la nueva normativa procede como sigue:

Acude al notario de su domicilio solicitando formalmente un acuerdo extrajudicial de pagos. El notario de inmediato comunica al Juzgado competente tal solicitud y procede, ya sea a designar un mediador o asumir él mismo dicha función. Mientras ello sucede se suspenden las ejecuciones en trámite que hayan podido instar los acreedores.

El deudor intentará que el mediador presente a los acreedores una propuesta que suponga por ejemplo una quita del 70% de la deuda y una espera de 10 años que es la máxima permitida para ir procediendo, dentro de sus posibilidades, durante dicho período al pago de las sumas adeudadas.

Si la propuesta consigue el apoyo del 75% o más del pasivo vinculará a todos los acreedores, incluido el acreedor hipotecario en cuanto a la parte de su crédito que exceda del valor razonable de la vivienda hipotecada.

Si el acuerdo no fuera aceptado, el deudor entrará inmediatamente en concurso que se abrirá ya directamente en fase de liquidación, pero el deudor podrá obtener el llamado beneficio de exoneración que le libera de las deudas no satisfechas en la referida fase de liquidación. Tan solo las deudas con las administraciones públicas o las garantizadas con hipoteca u otra garantía real seguirán pendientes si bien, salvo las deudas frente a las administraciones públicas, podrán ser satisfechas en el plazo que reste al formalizarse la operación financiera y, en todo caso, en un plazo no inferior a los cinco años siguiente a la conclusión del concurso y ello sin devengo de interés.

Evidentemente dicha regulación contiene matices que hay que tener en cuenta y que no pueden ser abordados en un artículo como éste pero sí que debemos destacar que para el deudor de buena fe abrumado por su situación bajo la inveterada norma que parecía inamovible de que uno responde de por vida con su patrimonio presente y futuro, la posible exoneración de responsabilidades después de seguir los trámites que la legislación establece, es un gran alivio y es un medio para posibilitar que las personas acuciadas por su situación crediticia puedan reconstruir su vida.

JULI DE MIQUEL BERENGUER

Socio de EUROFORO·ARASA & DE MIQUEL

Profesor asociado de la Facultad de Derecho de ESADE.