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NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA 2015 – UNA OCASIÓN PERDIDA PARA EQUILIBRAR LAS RELACIONES ENTRE LA AGEN

Ya está en vigor la nueva Ley General Tributaria, Ley 34/2015 que con carácter general refuerza la posición de la Administración Tributaria, en detrimento de los derechos y garantías de los ciudadanos.


Las principales modificaciones introducidas son las siguientes:


Interpretación de las normas tributarias.- Se reconoce de forma expresa, la facultad interpretativa y aclaratoria de la Dirección General de Tributos, se establece su carácter vinculante, para los órganos encargados de la aplicación de los tributos.



Conflicto de aplicación de la norma- procedimiento sancionador.- se establece la posibilidad de imponer sanciones también en los supuestos de interpretación razonable de la norma tributaria.


Aplazamientos y fraccionamientos de pago.- se amplían los supuestos de deudas que no pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.


Prescripción tributaria.- la Ley distingue entre el derecho a liquidar y el derecho a comprobar e investigar, por parte de la Agencia Tributaria.


Esta modificación es sustancial ya que consagra la imprescriptibilidad del derecho de la Administración a comprobar e investigar elementos de la obligación tributaria originados en periodos prescritos pero que surten efectos en ejercicios no prescritos.


Ante el aluvión de críticas de la referida modificación finalmente la imprescriptibilidad ha quedado limitada a la comprobación y investigación de los créditos fiscales.


Recordamos que son créditos fiscales, las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. Esta norma está relacionada con la ampliación del plazo, para compensar pérdidas que actualmente no tiene límite temporal.


Nuevo concepto tributario - las obligaciones conexas.- Se establece por obligaciones tributarias conexas, aquellas en las que algunos de sus elementos resulten afectados, por otra obligación tributaria. Esta nueva figura es especialmente delicada en relación con la interrupción de la prescripción y en los procedimientos inspectores.


Con la Reforma aprobada se permite que la interrupción del plazo de prescripción de la acción para liquidar produzca igualmente la interrupción del plazo de prescripción para las obligaciones conexas.


Lista de deudores.- Se introduce la publicación de la llamada lista de deudores tributarios.

Esta publicidad solo es posible cuando el importe total de las deudas y sanciones pendientes de ingreso supere el millón de euros y haya trascurrido el plazo de ingreso, en periodo voluntario.


Valor probatorio de las facturas.- Se niega que las mismas sean un medio de prueba privilegiado respecto a la realidad de las operaciones realizadas.


Procedimiento inspector.- Se incrementa el plazo del procedimiento inspector, siendo con carácter general de 18 meses (actualmente es de 12 meses) pudiendo llegar a 27 meses bajo determinadas circunstancias.


Se aumenta el plazo, pero se simplifica el procedimiento al anular el régimen de interrupciones y dilaciones.


Supuestos de delito contra la Hacienda Pública. El procedimiento de recaudación de la Administración no quedará suspendido por el procedimiento penal, a menos que el juez penal acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución.


Aumento de Medidas cautelares.- En los supuestos de un posible delito fiscal se establece un procedimiento administrativo que permite practicar liquidaciones y efectuar el cobro de las mismas aún en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un procedimiento penal que no paraliza las actuaciones inspectoras, como sucedía hasta ahora.


Regularización voluntaria.- La regularización voluntaria es una causa excluyente, para iniciar el procedimiento penal.


Se exige el pago total de la deuda tributaria, antes del inicio de actuaciones de Inspección.


El reconocimiento de la deuda exige un ingreso simultáneo de la misma, incluyendo cuota, intereses de demora y recargos.


CONCLUSIÓN


Aunque la reforma de la Ley General Tributaria aprobada ha mejorado el Proyecto de Ley su contenido sigue representando un menoscabo de los derechos del contribuyente, en especial en temas de prescripción, seguridad jurídica y delitos contra la Hacienda Pública.


Mi conclusión es que la nueva norma básica tributaria tiene una clara finalidad recaudatoria y su primera lectura no es positiva.